Los acuerdos de Barbados sobre Venezuela, firmados el 17 de octubre de 2023 entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro Moros y la Plataforma Unitaria opositora, constituyeron el intento más reciente de resolver la crisis política venezolana mediante el diálogo internacional. Mediados por Noruega y celebrados en Bridgetown, estos acuerdos establecieron compromisos electorales y condiciones para una contienda presidencial con garantías. A marzo de 2026, con Maduro aún en el poder tras los comicios disputados de julio de 2024, el balance de las negociaciones México-Barbados arroja más incumplimientos que avances concretos.
Antecedentes: de México a Barbados
Para entender los acuerdos de Barbados Venezuela, conviene retroceder a agosto de 2021, cuando arrancaron las conversaciones en Ciudad de México. Aquel proceso, también facilitado por Noruega y auspiciado por el gobierno mexicano, reunió a delegaciones del oficialismo y la oposición en un formato que generó expectativas moderadas.
Las negociaciones de México abordaron garantías electorales, derechos políticos, sanciones internacionales y asuntos humanitarios. Sin embargo, el gobierno venezolano suspendió su participación en octubre de 2021, tras la extradición del empresario colombo-venezolano Alex Saab desde Cabo Verde hacia Estados Unidos. Saab, señalado por Washington como testaferro de Maduro, era considerado por Caracas como un "diplomático" y miembro de su delegación negociadora.
El diálogo internacional quedó congelado durante meses. Contactos discretos continuaron a través de canales noruegos, pero la mesa formal no se reactivó. Fue recién en 2023 cuando las partes retomaron conversaciones, esta vez en territorio caribeño, con un enfoque más acotado: fijar condiciones mínimas para las elecciones presidenciales previstas en 2024.
Contenido de los acuerdos de Barbados
El documento suscrito en Bridgetown, Barbados, incluyó varios compromisos centrales. Ambas partes acordaron un calendario electoral supervisado, la invitación a misiones de observación internacional —incluidas las de la Unión Europea y el Centro Carter— y la actualización del registro electoral para facilitar el voto de venezolanos en el exterior.
Compromisos clave del acuerdo
- Elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 con condiciones competitivas.
- Habilitación de candidatos opositores, incluyendo la revisión de inhabilitaciones políticas.
- Acceso a observación electoral internacional.
- Actualización del registro electoral y facilitación del voto en el exterior.
- Liberación de presos políticos y respeto a garantías de debido proceso.
- Compromiso de Estados Unidos de aliviar parcialmente las sanciones petroleras que afectan la economía venezolana.
La administración de Joe Biden respondió al acuerdo con la emisión de la Licencia General 44 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que autorizó temporalmente transacciones con el sector petrolero y aurífero venezolano, incluyendo operaciones de PDVSA. Esta licencia, vigente por seis meses, estaba condicionada al cumplimiento de los compromisos electorales.
Los acuerdos de Barbados representaron un canje implícito: garantías electorales a cambio de alivio de sanciones. Cuando las garantías no se materializaron, el esquema se desmoronó.
El incumplimiento y las elecciones de 2024
La implementación de los acuerdos de Barbados Venezuela se deterioró con rapidez. María Corina Machado, quien había ganado abrumadoramente la primaria opositora del 22 de octubre de 2023 con más del 90% de los votos según la comisión organizadora, mantuvo su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo de Justicia. El gobierno argumentó que la inhabilitación era un asunto judicial interno, no negociable en Barbados.
Ante la imposibilidad de inscribir a Machado, la Plataforma Unitaria designó como candidato sustituto a Edmundo González Urrutia, un diplomático retirado de bajo perfil público. Washington, al considerar que el gobierno venezolano no cumplía sus compromisos, revocó la Licencia General 44 en abril de 2024 y reimpuso restricciones al sector petrolero.
Los comicios del 28 de julio de 2024
Las elecciones presidenciales se celebraron el 28 de julio de 2024. El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por figuras afines al oficialismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro con aproximadamente el 51% de los votos. Sin embargo, el CNE no publicó los resultados desagregados mesa por mesa, un procedimiento habitual en la tradición electoral venezolana.
La oposición publicó copias de actas recopiladas por sus testigos electorales a través de un sitio web, afirmando que González Urrutia había obtenido una ventaja amplia. Organismos como el Centro Carter, presente con una misión de observación, señalaron que el proceso no cumplió los estándares internacionales y que no fue posible verificar los resultados proclamados por el CNE.
| Aspecto | Compromiso de Barbados | Resultado real |
|---|---|---|
| Candidatos habilitados | Revisión de inhabilitaciones | Machado mantuvo inhabilitación |
| Observación internacional | Misiones con acceso pleno | Parcial; UE invitada pero luego restringida |
| Publicación de resultados | Transparencia en escrutinio | CNE no publicó actas desagregadas |
| Presos políticos | Liberaciones progresivas | Liberaciones parciales, nuevas detenciones post-electorales |
| Sanciones | Alivio condicionado a cumplimiento | Licencia revocada por incumplimiento |
Las reacciones internacionales y el mapa del reconocimiento
El fracaso práctico de las negociaciones México-Barbados fragmentó aún más la posición internacional sobre Venezuela. Tras los comicios de 2024, un grupo de países —entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos— cuestionó los resultados oficiales y exigió la publicación completa de las actas. Otros, como Cuba, aliado histórico de la revolución bolivariana, Rusia, China e Irán, reconocieron la reelección de Maduro sin reservas.
El mapa del reconocimiento internacional quedó dividido. Gobiernos que habían acompañado el proceso de Barbados, como el de Colombia bajo Gustavo Petro y el de Brasil bajo Luiz Inácio Lula da Silva, adoptaron posiciones intermedias: no reconocieron plenamente los resultados pero tampoco respaldaron a González Urrutia como presidente electo. Esta ambigüedad reflejó la dificultad de articular una respuesta regional coherente.
La OEA intentó sesiones extraordinarias sobre Venezuela sin alcanzar la mayoría necesaria para una resolución vinculante. El Grupo de Lima, que había tenido un papel activo durante la crisis de 2019, se encontraba prácticamente disuelto por los cambios de gobierno en la región. La Corte Penal Internacional (CPI), por su parte, mantuvo abierta su investigación formal sobre presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, elevada a ese estatus en noviembre de 2021 tras el examen preliminar iniciado en 2018.
Sanciones: entre la presión y el pragmatismo
El régimen de sanciones sigue siendo el instrumento de presión internacional más relevante. Tras la revocación de la Licencia General 44, Washington mantuvo licencias específicas para empresas como Chevron, que opera en Venezuela bajo autorizaciones individuales. Europa, por su parte, renovó sus medidas restrictivas, aunque con matices según el país.
El impacto de las sanciones sobre la población venezolana sigue siendo objeto de debate. Organismos como la CEPAL y el FMI han señalado que la contracción económica venezolana —una de las más severas registradas en América Latina— tiene causas múltiples que preceden a las sanciones, incluyendo la gestión de PDVSA, la destrucción del aparato productivo y la hiperinflación que erosionó el bolívar.
No obstante, las restricciones al sector petrolero venezolano han limitado la capacidad del Estado para generar ingresos y financiar programas sociales, según análisis de instituciones como el BCV y consultoras privadas como Ecoanalítica.
El diálogo internacional en marzo de 2026: estado actual
A la fecha, no existe un proceso de negociación formal activo entre el gobierno y la oposición venezolana. Noruega mantiene canales abiertos, pero sin una mesa operativa. La comunidad internacional se ha adaptado a un escenario de gestión de la crisis más que de resolución.
El diálogo internacional sobre Venezuela opera hoy de forma fragmentada: conversaciones bilaterales entre Caracas y Washington, gestiones discretas de Brasil y Colombia, y presión sostenida de organismos de derechos humanos.
Edmundo González Urrutia se encuentra fuera de Venezuela —se trasladó a España en septiembre de 2024— y mantiene que ganó las elecciones. María Corina Machado permanece en Venezuela en condiciones de movilidad restringida.
El Foro Penal, organización venezolana de derechos humanos, ha documentado cientos de detenciones relacionadas con las protestas postelectorales de 2024, cifra que incluye civiles, activistas y dirigentes locales. Provea y la ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) han emitido informes que detallan un patrón de represión selectiva.
La diáspora venezolana, que supera los 7 millones de personas según datos de ACNUR, observa estos procesos con una mezcla de escepticismo y agotamiento. Muchos venezolanos en el exterior —distribuidos entre Colombia, Perú, Chile, España, Estados Unidos y otros países— han perdido la confianza en que el diálogo internacional produzca cambios reales en el corto plazo.
Preguntas frecuentes
¿Qué son los acuerdos de Barbados sobre Venezuela?
Son los compromisos firmados el 17 de octubre de 2023 en Bridgetown, Barbados, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria opositora, con mediación de Noruega. Establecieron condiciones para elecciones presidenciales competitivas en 2024 a cambio de alivio parcial de sanciones por parte de Estados Unidos.
¿Por qué fracasaron las negociaciones de México y Barbados?
Las negociaciones de México se suspendieron en octubre de 2021 por la extradición de Alex Saab. Los acuerdos de Barbados, su continuación, perdieron vigencia cuando el gobierno venezolano mantuvo la inhabilitación de María Corina Machado y el CNE no publicó resultados desagregados tras las elecciones de julio de 2024. Estados Unidos revocó el alivio de sanciones al considerar que no se cumplieron los compromisos.
¿Existe actualmente algún proceso de diálogo activo sobre Venezuela?
A marzo de 2026, no hay una mesa formal de negociación. Noruega mantiene canales diplomáticos abiertos y existen contactos bilaterales entre distintos actores internacionales y Caracas, pero sin un formato estructurado ni compromisos públicos verificables.
El siguiente paso
Cualquier futuro proceso de diálogo internacional sobre Venezuela deberá abordar una pregunta que Barbados dejó sin resolver: cómo garantizar que los compromisos asumidos en una mesa de negociación se traduzcan en acciones verificables sobre el terreno. La experiencia de las negociaciones México-Barbados demuestra que los acuerdos sin mecanismos de cumplimiento efectivos se convierten en documentos retóricos. Mientras la comunidad internacional debate su próximo movimiento y más de 7 millones de venezolanos reconstruyen sus vidas fuera de su país, el desafío no es sentar a las partes en una mesa —eso ya se logró dos veces— sino crear las condiciones para que lo acordado se cumpla.
Este artículo tiene carácter informativo y periodístico. Los datos presentados se basan en fuentes públicas verificables.
