La constituyente de 2017 en Venezuela fue el mecanismo que utilizó el gobierno de Nicolás Maduro para neutralizar a la Asamblea Nacional, el único poder del Estado controlado por la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015. La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 1 de mayo de 2017, en medio de una ola de protestas que dejó más de 120 muertos, marcó un punto de inflexión en la crisis institucional venezolana. Casi nueve años después, sus efectos siguen definiendo el paisaje político del país.
El contexto: una Asamblea Nacional cercada desde el primer día
En las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo una victoria aplastante: 112 de 167 escaños, una mayoría calificada de dos tercios. Era la primera vez en 17 años de chavismo que el oficialismo perdía el control del Parlamento.
La respuesta del gobierno fue inmediata. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por magistrados afines al chavismo nombrados apresuradamente semanas antes del cambio de legislatura, suspendió la proclamación de tres diputados del estado Amazonas. Esa maniobra redujo la mayoría opositora y abrió un conflicto entre poderes que se prolongaría durante años.
Entre enero de 2016 y mayo de 2017, el TSJ emitió más de 50 sentencias que anularon o limitaron decisiones de la Asamblea Nacional. El Parlamento fue declarado "en desacato" y sus actos legislativos fueron considerados nulos. El gobierno de Maduro gobernó mediante decretos de emergencia económica que nunca pasaron por el Legislativo, como exige la Constitución de 1999.
La convocatoria de la ANC Maduro: mayo de 2017
El 1 de mayo de 2017, Maduro anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente mediante decreto presidencial. Lo hizo invocando el artículo 348 de la Constitución, que otorga al presidente la iniciativa para convocar una constituyente. La oposición y numerosos juristas objetaron que el artículo 347 exige un referéndum previo para que el pueblo apruebe la convocatoria, como ocurrió en 1999 cuando Hugo Chávez convocó la constituyente que redactó la carta magna vigente.
La diferencia era sustancial. En 1999, los venezolanos votaron primero si querían una constituyente (referéndum del 25 de abril de 1999), luego eligieron a sus miembros y finalmente aprobaron la nueva Constitución en referéndum. En 2017, Maduro se saltó el primer paso. No hubo consulta popular previa.
Un sistema electoral diseñado a medida
Las bases comiciales de la constituyente de 2017 Venezuela establecieron un sistema mixto sin precedentes:
- 364 constituyentes territoriales, elegidos en circunscripciones municipales donde el oficialismo tenía ventaja estructural por su control de alcaldías y gobernaciones.
- 181 constituyentes sectoriales, elegidos por gremios: trabajadores, campesinos, pescadores, empresarios, personas con discapacidad, pueblos indígenas, estudiantes, pensionados y comunas. Cada sector tenía un número fijo de representantes.
- La oposición denunció que el sistema sectorial garantizaba una sobrerrepresentación del oficialismo, ya que los consejos comunales, las misiones sociales y los sindicatos progobierno controlaban las postulaciones.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz, hasta entonces considerada leal al chavismo, rompió con el gobierno y calificó la convocatoria de inconstitucional. Fue destituida por la propia ANC en agosto de 2017 y tuvo que salir del país.
La elección del 30 de julio de 2017: cifras en disputa
La votación se celebró el 30 de julio de 2017. La oposición no participó y llamó a un boicot. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció una participación de 8.089.320 votantes, equivalente a aproximadamente el 41% del padrón electoral.
La empresa Smartmatic, proveedora del sistema de votación automatizado de Venezuela desde 2004, emitió un comunicado extraordinario. Su CEO, Antonio Mugica, declaró públicamente que los resultados habían sido manipulados y que la participación real fue inferior a la reportada por el CNE en al menos un millón de votos. Fue la primera vez que Smartmatic cuestionaba públicamente una elección venezolana.
Según la empresa Smartmatic, proveedora del sistema electoral venezolano, la participación reportada por el CNE el 30 de julio de 2017 fue inflada en al menos un millón de votos respecto a los registros del sistema automatizado. El comunicado de Smartmatic fue considerado sin precedentes en la historia electoral del país.
La comunidad internacional reaccionó con rapidez. La Unión Europea, el Grupo de Lima (formado por 14 países del continente americano específicamente para abordar la crisis venezolana), Estados Unidos, Canadá y numerosos gobiernos calificaron la asamblea constituyente fraudulenta y desconocieron su legitimidad. Washington impuso sanciones financieras directas contra el gobierno venezolano.
Lo que hizo la ANC: legislar sin constitución nueva
La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 4 de agosto de 2017 con Delcy Rodríguez como presidenta. Su mandato teórico era redactar una nueva Constitución. Sin embargo, en sus más de tres años de funcionamiento, la ANC no produjo un solo artículo de un nuevo texto constitucional. En cambio, actuó como un supraparlamento:
- Se arrogó competencias legislativas, aprobando leyes que correspondían a la Asamblea Nacional.
- Destituyó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y nombró a Tarek William Saab como su reemplazo.
- Adelantó las elecciones presidenciales de 2018, moviéndolas de diciembre a mayo, lo que redujo el tiempo de preparación de la oposición.
- Levantó la inmunidad parlamentaria de varios diputados opositores.
- Aprobó una "ley contra el odio" que organizaciones de derechos humanos como Provea y Espacio Público denunciaron como herramienta de censura.
- Convocó elecciones regionales y municipales en condiciones cuestionadas por observadores.
La ANC Maduro funcionó hasta diciembre de 2020, cuando se autodisolvió tras las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2020. En esos comicios, boicoteados por la mayoría de la oposición, el oficialismo recuperó el control de la Asamblea Nacional con una participación que el CNE cifró en aproximadamente el 31%, la más baja en décadas. Medios independientes señalaron que la cifra real pudo ser aún menor.
Las consecuencias: un Parlamento vaciado y una oposición fragmentada
La constituyente de 2017 logró su objetivo político inmediato: la Asamblea Nacional electa en 2015 quedó reducida a un órgano sin poder efectivo. Sus sesiones se celebraban bajo asedio policial, con diputados detenidos, exiliados o inhabilitados. Según datos del Foro Penal, decenas de diputados fueron procesados penalmente entre 2017 y 2020.
Para la oposición, la constituyente profundizó una fractura estratégica que persiste hasta 2026. Un sector apostó por el boicot total a cualquier elección convocada bajo el marco de la ANC. Otro abogó por participar para no ceder espacios institucionales.
Esa división se manifestó en las presidenciales adelantadas de mayo de 2018, donde Henri Falcón decidió competir contra la posición mayoritaria de la MUD, que llamó a la abstención. Maduro ganó con cifras oficiales del 67% y una participación que el CNE situó en el 46%, la más baja para unas presidenciales en décadas.
El período 2017-2019 también coincidió con la aceleración del éxodo venezolano. La crisis económica, la hiperinflación que según el Banco Central de Venezuela (BCV) alcanzó niveles astronómicos en 2018, y la represión de las protestas empujaron a millones de personas fuera del país.
ACNUR y la OIM estiman que más de 7 millones de venezolanos han emigrado. Muchos de estos migrantes han reconstruido sus vidas en países como Argentina, donde la comunidad venezolana se ha convertido en una de las más numerosas entre los colectivos migrantes recientes.
El impacto en la institucionalidad
Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentaron en múltiples informes el deterioro institucional asociado a la constituyente. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, señaló que la ANC fue utilizada como instrumento para consolidar el control del poder ejecutivo sobre los demás poderes del Estado.
La Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierta una investigación formal sobre Venezuela desde 2021, que abarca el período de las protestas de 2017 y la represión posterior. El fiscal de la CPI, Karim Khan, ha visitado el país y negociado con las autoridades venezolanas, aunque los avances en la investigación han sido lentos.
De 2017 a 2026: el legado de la constituyente
Casi nueve años después, la asamblea constituyente fraudulenta —como la calificaron la mayoría de gobiernos democráticos y organismos internacionales— dejó un legado que marca la política venezolana de 2026. El precedente de crear un órgano supraconstitucional para anular al Parlamento legítimo alteró las reglas del juego institucional.
En las disputadas elecciones presidenciales de julio de 2024, la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia denunció un fraude masivo. El CNE proclamó ganador a Maduro, pero nunca publicó los resultados mesa por mesa, como exige la normativa. La oposición presentó actas que, según sus cálculos, demostraban una victoria de González Urrutia por amplio margen. Múltiples gobiernos, incluidos los de la región, no reconocieron los resultados oficiales.
El patrón de 2017 se repitió: ante una derrota electoral o una amenaza institucional, el gobierno optó por alterar las reglas en lugar de aceptar el resultado. La constituyente de 2017 no fue un episodio aislado, sino parte de un proceso de erosión democrática que organismos como V-Dem Institute y Freedom House han documentado de forma sistemática.
| Evento | Fecha | Consecuencia |
|---|---|---|
| Victoria opositora en legislativas | 6 de diciembre de 2015 | MUD obtiene mayoría calificada (112/167 escaños) |
| Declaración de "desacato" del Parlamento | Enero de 2016 | TSJ anula actos legislativos de la AN |
| Convocatoria de la ANC | 1 de mayo de 2017 | Sin referéndum previo, bases comiciales a medida |
| Elección de constituyentes | 30 de julio de 2017 | Smartmatic denuncia manipulación de cifras |
| Instalación de la ANC | 4 de agosto de 2017 | Se arroga funciones legislativas y judiciales |
| Disolución de la ANC | Diciembre de 2020 | Oficialismo recupera la AN en comicios con baja participación |
Preguntas frecuentes
¿La Asamblea Nacional Constituyente de 2017 redactó una nueva Constitución?
No. A pesar de que su mandato era redactar un nuevo texto constitucional, la ANC no produjo ningún borrador de Constitución durante sus más de tres años de funcionamiento. En la práctica, actuó como un órgano legislativo paralelo que asumió las funciones de la Asamblea Nacional opositora.
¿Por qué la oposición no participó en la elección de constituyentes?
La oposición consideró que la convocatoria era inconstitucional al no haberse realizado un referéndum consultivo previo, como establece el artículo 347 de la Constitución de 1999. Además, las bases comiciales con representación sectorial fueron diseñadas de forma que favorecían estructuralmente al oficialismo. La MUD convocó un plebiscito simbólico el 16 de julio de 2017 en el que, según sus cifras, más de 7 millones de personas rechazaron la constituyente.
¿Qué países reconocieron la Asamblea Nacional Constituyente?
La mayoría de democracias occidentales y latinoamericanas desconocieron la ANC. Los gobiernos de Cuba, Bolivia (bajo Evo Morales), Nicaragua, Rusia, Turquía, Irán y China respaldaron o no cuestionaron la legitimidad del proceso. La OEA no logró una resolución conjunta por falta de votos suficientes, aunque su secretario general, Luis Almagro, fue uno de los críticos más duros del proceso.
El siguiente paso
Venezuela enfrenta en 2026 una pregunta que la constituyente de 2017 dejó sin respuesta: cómo restaurar el equilibrio entre poderes del Estado cuando uno de ellos ha sido sistemáticamente neutralizado. La experiencia de la ANC demostró que las instituciones pueden ser vaciadas desde adentro sin necesidad de un golpe militar clásico. Para la oposición venezolana y para la comunidad internacional, el desafío sigue siendo encontrar mecanismos que impidan la repetición de este modelo de erosión institucional, un debate que se extiende más allá de Venezuela a toda América Latina.
Este artículo tiene carácter informativo y periodístico. Los datos presentados se basan en fuentes públicas verificables.
