El narcotráfico en Venezuela ocupa el centro de la política exterior de Estados Unidos hacia Caracas. Desde las acusaciones formales contra altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro Moros en marzo de 2020, Washington sostiene que estructuras del Estado venezolano facilitan el tránsito de cocaína hacia Norteamérica. Caracas rechaza estas imputaciones y las califica de herramienta geopolítica para justificar sanciones.
Entre ambas versiones se despliega una trama que involucra carteles colombianos y mexicanos, rutas caribeñas, lavado de dinero y una disputa diplomática que, a marzo de 2026, sigue sin resolverse.
Las acusaciones de narcotráfico contra el gobierno venezolano
El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Nicolás Maduro y más de una docena de funcionarios venezolanos por presunta conspiración de narcotráfico. La acusación, tramitada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, alegaba que Maduro y sus asociados habían participado en una empresa criminal junto con las desaparecidas FARC colombianas para inundar Estados Unidos con cocaína.
Entre los acusados figuraban Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; el exjefe de inteligencia militar Hugo Carvajal; y el exvicepresidente Tareck El Aissami. Washington ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de Maduro.
Las acusaciones marcaron un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, ya deterioradas desde la era de Hugo Chávez Frías.
El gobierno de Caracas respondió calificando los cargos de fabricación política. Maduro denunció una operación orquestada desde la Casa Blanca —entonces bajo la administración de Donald Trump— para desestabilizar a Venezuela. La cancillería rechazó la jurisdicción estadounidense y reafirmó la soberanía nacional frente a lo que denominó "lawfare imperial".
Rutas del narcotráfico: el corredor venezolano
Venezuela no produce cocaína en cantidades significativas. La hoja de coca se cultiva principalmente en Colombia, Perú y Bolivia. Sin embargo, la posición geográfica venezolana —con más de 2.800 kilómetros de costa caribeña y una frontera de 2.219 kilómetros con Colombia— la convierte en un corredor estratégico para el tránsito de drogas hacia EEUU, Europa y África Occidental.
Las rutas principales
- Ruta caribeña: Cocaína colombiana cruza hacia los estados Zulia, Táchira y Apure, y desde allí se embarca por lanchas rápidas hacia República Dominicana, Puerto Rico y la costa este estadounidense.
- Ruta centroamericana: Cargamentos salen de puertos y pistas clandestinas del occidente venezolano hacia Honduras, Guatemala y México, conectando con carteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
- Ruta atlántica: Contenedores y pesqueros parten de la costa oriental venezolana hacia Guinea-Bisáu, Cabo Verde y otros puntos de África Occidental, para luego ingresar al mercado europeo.
- Ruta aérea: Vuelos clandestinos desde pistas improvisadas en los Llanos venezolanos hacia Centroamérica, una modalidad documentada por agencias antinarcóticos desde al menos 2006.
Informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han señalado el incremento del tránsito de cocaína por territorio venezolano, particularmente tras la reducción de la cooperación antinarcóticos bilateral.
En 2005, el gobierno de Chávez expulsó a la DEA (Drug Enforcement Administration) de Venezuela, alegando espionaje. Desde entonces, Washington sostiene que la falta de colaboración ha facilitado la expansión de las redes de narcotráfico en el país.
El Cartel de los Soles: mito, realidad y zona gris
La denominación "Cartel de los Soles" —en referencia a las estrellas doradas de los uniformes de generales venezolanos— aparece con frecuencia en las narrativas sobre drogas y Venezuela. Según investigaciones periodísticas y expedientes judiciales estadounidenses, sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) habrían operado como facilitadores del tránsito de narcóticos, cobrando peajes a organizaciones criminales colombianas y mexicanas.
El caso más emblemático fue el de Néstor Reverol, acusado por una corte federal de Nueva York en 2016 por presunto narcotráfico mientras dirigía la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Pese a la acusación, Maduro lo ascendió a ministro del Interior, un gesto interpretado por Washington como desafío directo.
Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar, fue detenido en España y extraditado a Estados Unidos en 2023, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y asociación con las FARC.
El gobierno venezolano niega la existencia del Cartel de los Soles como estructura organizada. Señala incautaciones y detenciones internas como prueba de su lucha antidrogas, y argumenta que las acusaciones provienen de testigos protegidos de dudosa credibilidad que buscan reducir sus propias condenas.
Cronología de casos clave
| Año | Evento | Relevancia |
|---|---|---|
| 2005 | Expulsión de la DEA de Venezuela | Fin de la cooperación antinarcóticos bilateral |
| 2008 | Sanciones del Tesoro de EEUU a Hugo Carvajal y otros | Primera designación de funcionarios venezolanos como "narcotraficantes especialmente designados" |
| 2015 | Detención de sobrinos de Cilia Flores en Haití | Efraín Campo y Franqui Flores condenados a 18 años de prisión en EEUU por conspiración de narcotráfico |
| 2016 | Acusación contra Néstor Reverol | Director antidrogas acusado mientras ejercía el cargo |
| 2017 | Sanciones a Tareck El Aissami | Designado "narcotraficante" bajo la Ley Kingpin por el Tesoro de EEUU |
| 2020 | Acusación federal contra Maduro y otros 14 funcionarios | Cargos de "narcoterrorismo" y recompensa de 15 millones de dólares |
| 2023 | Extradición de Hugo Carvajal a EEUU | Primer alto funcionario del chavismo extraditado desde Europa |
Sanciones, petróleo y geopolítica: la dimensión internacional
Las acusaciones de narcotráfico no operan en el vacío. Se insertan en un entramado de sanciones económicas, disputas petroleras y rivalidades geopolíticas que han definido la relación entre Venezuela y Estados Unidos durante más de dos décadas.
Las sanciones impuestas por Washington desde 2017 contra PDVSA y el sector financiero venezolano han estrangulado los ingresos del Estado, que depende del petróleo como fuente principal de divisas.
El gobierno venezolano argumenta que las sanciones constituyen una forma de guerra económica que ha causado más daño a la población civil que a las élites gobernantes. Organizaciones como el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR) han cuestionado el impacto humanitario de las medidas coercitivas.
La OEA y el Grupo de Lima —hoy prácticamente disuelto— apoyaron en su momento las presiones internacionales como mecanismo para forzar elecciones libres.
La administración Biden flexibilizó parcialmente las sanciones petroleras entre 2022 y 2023 como incentivo para los diálogos entre gobierno y oposición, aunque las reimpondría tras el incumplimiento de los acuerdos electorales de Barbados. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la política hacia Caracas retomó un enfoque de máxima presión, manteniendo las acusaciones de narcotráfico como pilar argumentativo.
Según datos de la UNODC, la región andina —Colombia, Perú y Bolivia— concentra la totalidad de la producción mundial de hoja de coca. Venezuela, sin ser país productor, ocupa una posición geográfica que la convierte en corredor natural hacia los mercados de consumo de América del Norte, Europa y África Occidental.
La perspectiva venezolana y las operaciones internas
Caracas presenta cifras propias de su lucha contra el narcotráfico. El gobierno reporta incautaciones anuales de varias toneladas de cocaína y la detención de cientos de personas vinculadas al tráfico de estupefacientes. Según cifras oficiales de la ONA, Venezuela habría decomisado más de 100 toneladas de drogas entre 2020 y 2024, aunque estas cifras no pueden verificarse de forma independiente.
El gobierno también señala que la cooperación con Rusia, China, Turquía e Irán se mantiene activa. Venezuela pertenece además a mecanismos regionales de combate al narcotráfico en el marco de la CELAC y la ALBA.
Organizaciones de derechos humanos como Provea y el Foro Penal han documentado, sin embargo, que las operaciones antinarcóticos en zonas fronterizas como Apure se han acompañado de graves violaciones de derechos humanos contra comunidades campesinas e indígenas.
La ACNUDH ha expresado preocupación por ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado en el marco de estas operaciones, particularmente durante los enfrentamientos en el estado Apure a partir de 2021.
Preguntas frecuentes
¿Existe una orden de arresto contra Maduro por narcotráfico?
Sí. Desde marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene cargos federales contra Nicolás Maduro por conspiración de narcotráfico y narcoterrorismo. Washington ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Venezuela no reconoce la jurisdicción estadounidense sobre su presidente.
¿Venezuela produce cocaína?
No en cantidades significativas. La producción de coca se concentra en Colombia, Perú y Bolivia. Venezuela funciona como país de tránsito gracias a su extensa costa caribeña y su frontera con Colombia. El debate gira en torno al grado de complicidad estatal en ese tránsito.
¿Qué impacto tienen las acusaciones de narcotráfico en la crisis venezolana?
Las acusaciones refuerzan el aislamiento diplomático de Caracas y justifican el mantenimiento de sanciones económicas. Para el gobierno venezolano, son un instrumento de presión política. Para Washington y parte de la comunidad internacional, reflejan una degradación institucional que facilita el crimen organizado. El narcotráfico se ha convertido en una variable inseparable de cualquier negociación sobre el futuro político de Venezuela.
El siguiente paso
Mientras Maduro continúe en el poder —tras las disputadas elecciones de julio de 2024, cuestionadas por la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia— las acusaciones de narcotráfico seguirán siendo una herramienta central de la política de presión estadounidense.
El destino judicial de figuras como Hugo Carvajal en tribunales norteamericanos podría aportar nuevas evidencias o desmontar narrativas establecidas. Lo que parece claro es que el narcotráfico en Venezuela no se resolverá solo con acusaciones extraterritoriales ni con cifras oficiales de incautación: requiere transparencia institucional, cooperación internacional genuina y la reconstrucción de un Estado de derecho que las últimas décadas han erosionado profundamente.
