La libertad de prensa en Venezuela atraviesa uno de sus peores momentos en décadas. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) coinciden: el país caribeño figura entre los entornos más hostiles para el ejercicio periodístico en América Latina. Periodistas perseguidos, redacciones cerradas, señales sacadas del aire y portales bloqueados componen un panorama que se ha agravado tras las disputadas elecciones presidenciales de julio de 2024 y la represión posterior.
Este artículo documenta cómo se ha deteriorado el derecho a informar y ser informado en Venezuela, qué mecanismos utiliza el Estado para silenciar voces críticas y cuáles son las consecuencias para la sociedad venezolana y su diáspora de más de siete millones de personas.
Del monopolio informativo a la censura digital
El control sobre los medios en Venezuela no comenzó ayer. Desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2013), el Estado articuló una estrategia para dominar el espacio comunicacional. La no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo de 2007 marcó un punto de inflexión. Era el canal privado más antiguo del país y su salida del aire envió un mensaje claro al resto de medios.
Durante la siguiente década, decenas de emisoras de radio perdieron sus licencias. Periódicos como El Nacional, Tal Cual y El Impulso dejaron de circular en papel, asfixiados por la imposibilidad de acceder a papel periódico importado —controlado por el Estado— y por demandas judiciales millonarias. La crisis que estalló entre 2014 y 2020 aceleró el cierre de redacciones en todo el territorio.
Con la migración del periodismo al entorno digital, las tácticas de censura también evolucionaron. La estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ordenó bloqueos de portales informativos. Organizaciones como VE Sin Filtro han documentado restricciones de acceso a sitios como El Pitazo, Efecto Cocuyo, Armando.info y Alberto News, entre otros. Durante las protestas de julio y agosto de 2024, se registraron además bloqueos temporales de plataformas como X (antes Twitter) y Signal.
Periodistas perseguidos: nombres, casos y patrones
La persecución contra periodistas en Venezuela sigue patrones identificables. Foro Penal, la principal ONG de asistencia jurídica a presos políticos, y organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y Espacio Público han registrado detenciones, agresiones físicas, confiscación de equipos, intimidación judicial y prohibiciones de salida del país.
Casos emblemáticos
- Roland Carreño, periodista y dirigente del partido Voluntad Popular, fue detenido en octubre de 2020 y permaneció preso durante años, acusado de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Su caso generó condenas de organismos internacionales.
- Darvinson Rojas, periodista independiente, fue detenido en 2020 tras publicar información sobre la pandemia de COVID-19 que contradecía las cifras oficiales. Permaneció bajo arresto domiciliario durante meses.
- Jesús Medina Ezaine, fotógrafo y colaborador de medios digitales, fue encarcelado en 2018 bajo cargos de espionaje. Organizaciones de derechos humanos lo consideraron preso de conciencia.
- Tras las elecciones de julio de 2024, el SNTP reportó múltiples detenciones de reporteros que cubrían las protestas. Periodistas extranjeros fueron deportados o retenidos brevemente en el aeropuerto de Maiquetía.
El patrón es consistente: detención sin orden judicial, acusaciones de terrorismo o instigación al odio bajo la Ley contra el Odio aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, traslados a centros de inteligencia del SEBIN o la DGCIM, y procesos judiciales prolongados con escasas garantías.
La Ley contra el Odio como herramienta de censura
Aprobada en noviembre de 2017, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia estableció penas de hasta 20 años de prisión por promover el odio o la intolerancia a través de medios de comunicación o redes sociales. Desde su promulgación, ha funcionado como un instrumento para criminalizar la crítica. La redacción vaga de sus artículos permite que prácticamente cualquier publicación incómoda para el gobierno sea interpretada como incitación al odio.
La libertad de prensa en Venezuela quedó así condicionada no solo por la censura directa, sino por la autocensura que genera el temor a ser procesado bajo esta legislación. Numerosos periodistas dentro del país han optado por moderar su cobertura o directamente abandonar la profesión.
Medios censurados: un ecosistema informativo devastado
El paisaje mediático venezolano de marzo de 2026 guarda poca relación con el que existía a finales de los años noventa. La siguiente tabla resume la evolución de algunos de los principales medios del país:
| Medio | Tipo | Situación actual | Año del cierre o restricción |
|---|---|---|---|
| RCTV | Televisión | Fuera del aire (concesión no renovada) | 2007 |
| Globovisión | Televisión | Vendida; línea editorial afín al gobierno | 2013 |
| El Nacional | Prensa escrita | Solo digital; sede embargada judicialmente | 2018 (papel) / 2021 (sede) |
| El Universal | Prensa escrita | Vendido; cambio de línea editorial | 2014 |
| NTN24 | Televisión (Colombia) | Señal bloqueada en Venezuela | 2014 |
| El Pitazo | Digital | Portal bloqueado; opera con VPN y redes sociales | Bloqueos recurrentes desde 2018 |
| Efecto Cocuyo | Digital | Portal bloqueado intermitentemente | Bloqueos recurrentes desde 2019 |
| VPItv | Digital/Televisión web | Allanada y cerrada | 2019 |
Los medios censurados en Venezuela suman cientos si se cuentan las emisoras de radio comunitarias y regionales que perdieron sus frecuencias entre 2009 y 2020. El resultado es un ecosistema donde los medios estatales —Venezolana de Televisión (VTV), Telesur, Radio Nacional y la agencia AVN— dominan el espectro radioeléctrico, mientras que la información independiente circula fragmentada por redes sociales, portales bloqueados y medios en el exilio.
El periodismo venezolano en el exilio
La diáspora venezolana ha generado un fenómeno singular: redacciones enteras operan desde Colombia, Estados Unidos, España, Chile y otros países. Medios como Runrun.es, Armando.info, Tal Cual y El Nacional mantienen equipos distribuidos en varias ciudades del mundo. Investigan desde fuera lo que ocurre dentro, apoyándose en fuentes locales que arriesgan su seguridad al compartir información.
Este periodismo en diáspora enfrenta sus propios desafíos. La distancia física dificulta la verificación de hechos. Los costos operativos sin ingresos publicitarios del mercado venezolano obligan a depender de donaciones internacionales y fundaciones, lo que genera debates sobre independencia editorial.
Sin embargo, estos medios han producido algunas de las investigaciones más relevantes sobre corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos vinculadas a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro Moros. Armando.info, por ejemplo, ha sido reconocido internacionalmente por sus trabajos sobre el entramado financiero de figuras cercanas al poder, incluyendo operaciones documentadas de comercio de oro con Turquía y otros esquemas para evadir sanciones.
Según Espacio Público, organización venezolana dedicada al monitoreo de la libertad de expresión, Venezuela registró más de 500 violaciones a la libertad de prensa solo durante el segundo semestre de 2024, el período más crítico desde que la organización comenzó sus mediciones. Las categorías más frecuentes: intimidación, censura, agresiones físicas y detenciones arbitrarias.
Las elecciones de 2024 y el recrudecimiento de la censura
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 representaron un antes y un después para la libertad de prensa en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Elvis Amoroso, proclamó ganador a Maduro sin presentar los resultados desagregados mesa por mesa. La oposición, liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia, publicó actas que mostraban una victoria opositora y que fueron respaldadas por observadores del Centro Carter.
La cobertura de estos hechos se convirtió en un acto de riesgo. Periodistas que documentaron las protestas posteriores fueron detenidos. El gobierno bloqueó redes sociales y plataformas de mensajería. CONATEL emitió advertencias a medios que cuestionaran los resultados oficiales. Corresponsales extranjeros de medios como CNN en Español, Reuters y la Agencia EFE reportaron restricciones y hostigamiento.
La represión posterior a las elecciones —que según Foro Penal dejó más de 1.500 detenidos en las semanas siguientes al 28 de julio— afectó directamente a quienes intentaron documentarla. La persecución de periodistas se intensificó como parte de una estrategia más amplia de control social que incluyó la ilegalización de facto de partidos opositores, órdenes de captura contra dirigentes y restricciones al derecho de manifestación.
Impacto en la sociedad venezolana
La censura mediática tiene consecuencias que van más allá del gremio periodístico. Una ciudadanía sin acceso a información verificada toma decisiones —políticas, económicas, sanitarias— en condiciones de desventaja. Durante la pandemia de COVID-19, la falta de datos fiables sobre contagios y la persecución de quienes cuestionaban las cifras oficiales dificultaron la respuesta sanitaria.
En el plano económico, la opacidad informativa agrava la incertidumbre. El Banco Central de Venezuela (BCV) dejó de publicar indicadores macroeconómicos de forma regular durante años. Sin prensa independiente que investigue y fiscalice, la gestión de PDVSA, las negociaciones petroleras y el manejo de los recursos públicos quedan fuera del escrutinio ciudadano.
La autocensura se ha normalizado. Encuestas realizadas por organizaciones como Provea y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) indican que una proporción significativa de los periodistas que permanecen en el país evitan ciertos temas por temor a represalias. Los medios censurados en Venezuela no son solo los que han sido cerrados o bloqueados: son también los que siguen operando pero han aprendido a callar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos medios de comunicación han sido cerrados en Venezuela?
No existe una cifra única consolidada, pero organizaciones como IPYS Venezuela y Espacio Público han documentado el cierre o restricción de cientos de medios desde 2003, incluyendo televisoras, emisoras de radio, periódicos impresos y portales digitales. Solo entre 2009 y 2015, según estimaciones del SNTP, más de 100 emisoras de radio perdieron sus frecuencias.
¿Es posible acceder a medios independientes desde dentro de Venezuela?
Sí, aunque con limitaciones. Muchos venezolanos utilizan redes privadas virtuales (VPN) para acceder a portales bloqueados por CONATEL. Las redes sociales, especialmente Instagram, TikTok y Telegram, se han convertido en canales alternativos de información. Sin embargo, el acceso a internet en Venezuela sigue siendo deficiente en muchas regiones del país, con velocidades entre las más bajas del continente.
¿Qué organismos internacionales monitorean la libertad de prensa en Venezuela?
Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y la oficina del ACNUDH publican informes periódicos. Dentro de Venezuela, Espacio Público, IPYS Venezuela, Provea y el SNTP llevan registros detallados de violaciones.
El siguiente paso
La libertad de prensa en Venezuela no se restaurará con declaraciones internacionales ni con premios a periodistas en el exilio —por necesarios que ambos sean—. Requiere condiciones estructurales: una reforma del marco legal que elimine la Ley contra el Odio y otras normas utilizadas para criminalizar la información, la devolución de concesiones y frecuencias confiscadas, y garantías judiciales reales para los periodistas perseguidos que hoy enfrentan procesos sin debido proceso.
Mientras esas condiciones no existan, la defensa del derecho a informar pasa por fortalecer los medios en el exilio, ampliar el acceso a herramientas de elusión de censura como las VPN, y mantener la presión desde organismos internacionales con mecanismos que vayan más allá del informe periódico. La sociedad venezolana —dentro y fuera del país— necesita información verificada para tomar decisiones sobre su futuro. Garantizarla no es un privilegio del gremio periodístico: es una condición básica de cualquier democracia funcional.
