La guerrilla colombiana opera en territorio venezolano desde hace más de dos décadas. El ELN en Venezuela y los remanentes de las FARC en Venezuela han consolidado una presencia que va mucho más allá de simples campamentos fronterizos. Controlan rutas de narcotráfico, explotan minas ilegales, cobran extorsiones y, según múltiples informes de organizaciones internacionales, cuentan con la tolerancia —cuando no la complicidad— de sectores del Estado venezolano. Esta realidad, documentada por Human Rights Watch, la ACNUDH y medios como Reuters y AP, configura uno de los problemas de seguridad más graves de la región.
Origen de la presencia guerrillera en Venezuela
La relación entre el chavismo y la guerrilla colombiana tiene raíces profundas. Desde su llegada al poder en 1999, Hugo Chávez Frías mantuvo una posición ambigua respecto al conflicto armado colombiano. Mientras públicamente abogaba por una salida negociada, figuras de inteligencia y defensa colombianas señalaban que grupos guerrilleros encontraban refugio al otro lado de la frontera.
El ELN (Ejército de Liberación Nacional) fue el primer grupo en establecer corredores permanentes en estados fronterizos como Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. Las FARC, por su parte, utilizaban el territorio venezolano como retaguardia estratégica, zona de descanso y corredor para el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y el Caribe.
El punto de inflexión llegó con el Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC. Mientras la mayoría de combatientes se desmovilizó, un sector significativo rechazó el acuerdo. Estas disidencias —que Colombia denomina oficialmente "Grupos Armados Organizados Residuales"— encontraron en Venezuela un territorio donde reorganizarse sin presión militar efectiva.
Mapa de control territorial: dónde operan ELN y FARC en Venezuela
La guerrilla colombiana en territorio venezolano no se limita a la franja fronteriza. Informes de International Crisis Group, InSight Crime y la Fundación Ideas para la Paz han documentado una expansión progresiva hacia el interior del país. La siguiente tabla resume las zonas de mayor presencia según reportes públicos disponibles hasta 2025.
| Estado venezolano | Grupo predominante | Actividades principales |
|---|---|---|
| Apure | Disidencias FARC (frente 10) | Narcotráfico, control social, enfrentamientos con FANB |
| Táchira | ELN | Extorsión, contrabando de combustible, minería ilegal |
| Zulia | ELN y disidencias FARC | Narcotráfico, trata de personas, cobro de vacunas |
| Amazonas | ELN | Minería ilegal de oro, control de comunidades indígenas |
| Bolívar (Arco Minero) | ELN y grupos disidentes | Explotación minera ilegal, tráfico de oro |
| Barinas | Disidencias FARC | Cultivos ilícitos, corredores de movilidad |
La zona del Arco Minero del Orinoco, decretado por Nicolás Maduro en 2016 como zona de desarrollo estratégico, se ha convertido en un escenario particularmente conflictivo. Allí, el ELN compite con bandas locales conocidas como "sindicatos" y con efectivos de la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por el control de las minas de oro.
El caso de Apure: guerra abierta en 2021
En marzo de 2021, el estado Apure se convirtió en escenario de combates abiertos entre la FANB y disidencias de las FARC. La operación militar venezolana, bautizada como "Escudo Bolivariano", provocó el desplazamiento de miles de civiles hacia Colombia. ACNUR documentó el cruce de aproximadamente 5.000 personas hacia el departamento colombiano de Arauca en pocas semanas.
Aquel episodio rompió la narrativa oficial de que no existían grupos armados irregulares colombianos en Venezuela. El gobierno de Maduro reconoció implícitamente la presencia guerrillera al desplegar tropas, aunque calificó a los combatientes como "grupos irregulares colombianos" sin nombrar a las FARC directamente. Organizaciones como Provea y FundaRedes denunciaron ejecuciones extrajudiciales durante la operación.
La relación entre el Estado venezolano y los grupos armados
La tolerancia estatal hacia la guerrilla colombiana en territorio venezolano ha sido documentada en múltiples informes internacionales. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, señaló en sus reportes vínculos entre funcionarios venezolanos y grupos armados no estatales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado reiteradamente estos nexos. En 2020, el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, acusándolo de colaborar con las FARC para inundar de cocaína el mercado norteamericano. El gobierno venezolano rechazó los cargos como una "fabricación imperialista". La relación entre el poder político venezolano y la insurgencia colombiana permanece como uno de los temas más controvertidos y difíciles de verificar de manera independiente.
Qué dicen las organizaciones venezolanas
FundaRedes, la ONG dirigida por Javier Tarazona —quien estuvo detenido entre 2021 y 2023 por denunciar la presencia guerrillera—, ha sido una de las voces más insistentes sobre este tema. Sus reportes documentan extorsiones sistemáticas a ganaderos, comerciantes y transportistas en los estados fronterizos. Provea, por su parte, ha vinculado la presencia de estos grupos con el deterioro de los derechos humanos en las zonas afectadas, incluyendo reclutamiento forzado de menores.
Según estimaciones de InSight Crime y FundaRedes, el ELN podría tener presencia operativa en al menos 12 de los 23 estados de Venezuela, lo que lo convertiría en el grupo armado irregular con mayor extensión territorial en el país.
La criminalización de quienes denuncian esta situación —como el caso de Tarazona— refleja la complejidad de investigar el fenómeno desde dentro de Venezuela. Periodistas y activistas que cubren la presencia guerrillera enfrentan amenazas tanto de los grupos armados como, según Reporteros Sin Fronteras, de agentes estatales. Este contexto de control social ejercido por el Estado dificulta la obtención de información verificable sobre el terreno.
Impacto humanitario en la población civil
Las comunidades fronterizas venezolanas viven bajo un régimen de facto impuesto por los grupos armados. El ELN en Venezuela actúa como autoridad paralela en zonas donde el Estado ha abandonado sus funciones básicas. Esto incluye:
- Imposición de toques de queda y normas de convivencia bajo amenaza de muerte
- Cobro de "vacunas" (extorsión) a comerciantes, ganaderos y mineros artesanales
- Reclutamiento forzado de jóvenes, incluidos menores de edad, según denuncias de Provea y UNICEF
- Control de pasos fronterizos informales ("trochas"), cobrando peaje a migrantes venezolanos que cruzan hacia Colombia
- Administración de justicia paralela, resolviendo disputas entre vecinos y castigando con violencia a quienes incumplen sus reglas
La crisis migratoria venezolana —que según ACNUR supera los 7 millones de personas fuera del país— se entrelaza con esta realidad. Muchos de quienes huyen de Venezuela hacia Colombia deben cruzar territorios controlados por la guerrilla. Las comunidades de venezolanos en el exterior relatan con frecuencia experiencias de extorsión y violencia durante su travesía por estas zonas.
Pueblos indígenas: los más vulnerables
Las comunidades indígenas yukpa, barí y wayúu en Zulia, y los pemón y yanomami en el sur del país, sufren de manera desproporcionada. La ACNUDH ha documentado cómo el ELN y las disidencias de las FARC invaden territorios ancestrales para la minería ilegal y el cultivo de coca. Líderes indígenas que se oponen son asesinados o desplazados. La CEPAL y la OPS han alertado sobre el impacto sanitario de la contaminación por mercurio derivada de la minería en estas zonas.
Dimensión geopolítica: Colombia, Venezuela y las negociaciones de paz
La presencia de la FARC y el ELN en Venezuela constituye un factor permanente de tensión binacional. Bajo el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) en Colombia, se reanudaron las negociaciones de paz con el ELN y se abrieron diálogos con las disidencias de las FARC. Venezuela ha participado como país garante en la mesa de negociación con el ELN, un rol que genera controversia dado que el grupo opera en su territorio.
Los críticos señalan una paradoja: Venezuela facilita negociaciones con un grupo al que, simultáneamente, permite operar dentro de sus fronteras. Los defensores del proceso argumentan que precisamente esa cercanía le otorga a Caracas capacidad de influencia sobre la guerrilla. La OEA y varios gobiernos de la región han exigido, sin éxito, que Venezuela actúe contra los grupos armados en su territorio.
Las sanciones internacionales contra Venezuela, impuestas en distintas fases por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, incluyen entre sus justificaciones la tolerancia al narcotráfico vinculado a estos grupos. El debate sobre si levantar o endurecer las sanciones se cruza inevitablemente con la cuestión guerrillera.
El tráfico de drogas representa una fuente de ingresos tanto para los grupos armados como, según las acusaciones estadounidenses, para funcionarios venezolanos. Esta intersección entre narcotráfico, guerrilla y geopolítica define buena parte de la agenda de seguridad hemisférica.
Preguntas frecuentes
¿El ELN opera solo en la frontera colombo-venezolana?
No. Aunque su presencia es más fuerte en estados fronterizos como Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, reportes de FundaRedes e InSight Crime indican que el ELN tiene actividad en estados del interior, incluyendo Bolívar (Arco Minero), Barinas y zonas urbanas de Caracas. Su expansión está vinculada al control de rutas de narcotráfico y minería ilegal de oro.
¿Qué diferencia hay entre las FARC y las disidencias de las FARC en Venezuela?
Las FARC como organización firmaron el Acuerdo de Paz con Colombia en 2016 y se transformaron en el partido político Comunes. Las disidencias son facciones que rechazaron el acuerdo y continuaron en armas. En Venezuela operan principalmente el frente 10, la Segunda Marquetalia (liderada por Iván Márquez, cuyo paradero es incierto) y otros grupos menores. Estos remanentes mantienen estructuras de narcotráfico y control territorial.
¿El gobierno venezolano reconoce la presencia guerrillera?
Oficialmente, el gobierno de Nicolás Maduro ha negado de manera sistemática la presencia permanente de guerrilla colombiana en Venezuela. Sin embargo, la operación militar en Apure de 2021 contra disidencias de las FARC contradijo esa narrativa. El discurso oficial oscila entre la negación, la minimización y la atribución del problema a Colombia.
El siguiente paso
La evolución de la presencia del ELN y las FARC en Venezuela dependerá de dos variables principales durante 2026: el avance o estancamiento de las negociaciones de paz en Colombia y la postura que adopte Washington respecto a las sanciones. Si las conversaciones con el ELN fracasan, la guerrilla podría profundizar su arraigo en territorio venezolano como retaguardia estratégica permanente. Si avanzan, Caracas tendrá que definir si presiona al grupo para desmovilizarse o mantiene el statu quo.
Mientras tanto, las comunidades fronterizas venezolanas seguirán atrapadas entre la inacción estatal y la violencia de los grupos armados. La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y el periodismo independiente tienen la responsabilidad de mantener la atención sobre una crisis que afecta a millones de personas pero que rara vez ocupa los titulares principales.
Este artículo tiene carácter informativo y periodístico. Los datos presentados se basan en fuentes públicas verificables.
