Las minas antipersonal en Venezuela se concentran principalmente en la franja fronteriza con Colombia, donde grupos armados irregulares las han sembrado durante años para proteger rutas del narcotráfico, campamentos clandestinos y zonas de extracción ilegal de minerales. La denuncia, sostenida por organizaciones humanitarias y por el propio gobierno colombiano, sitúa los estados Apure, Táchira, Zulia y Amazonas como los más afectados por un peligro silencioso que mutila a campesinos, indígenas wayúu y militares de ambos lados de la línea limítrofe.
El fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado tras la escalada del conflicto entre disidencias de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones rivales que se disputan corredores estratégicos. Mientras Caracas sostiene que su territorio está libre de artefactos explosivos, los reportes de víctimas y los hallazgos sobre el terreno apuntan a una realidad distinta.
Una frontera porosa y minada
La línea limítrofe entre Colombia y Venezuela mide 2.219 kilómetros y atraviesa selvas, sabanas y cordilleras de difícil acceso. Esa geografía la convierte en un espacio ideal para economías ilícitas y, también, para la siembra de explosivos rudimentarios. Los grupos armados utilizan minas artesanales fabricadas con tuberías de PVC, mecanismos de presión rudimentarios y cargas de pentolita o ANFO.
El problema de la frontera Colombia minas escaló tras los enfrentamientos de marzo de 2021 en La Victoria, estado Apure, cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se enfrentó a una facción de las disidencias de las FARC. Aquel episodio dejó al descubierto la presencia de campos minados en suelo venezolano y obligó al desplazamiento de miles de personas hacia Arauquita, en Colombia.
Quién siembra y por qué
Los actores armados que operan en la zona persiguen objetivos concretos al instalar artefactos explosivos:
- Proteger laboratorios de procesamiento de cocaína en zonas selváticas.
- Resguardar minas ilegales de oro y coltán en el sur del país.
- Bloquear el avance de fuerzas militares rivales o estatales.
- Sembrar miedo entre comunidades campesinas para controlar territorios.
- Garantizar el cobro de extorsiones y peajes informales en trochas.
La disputa entre el llamado Frente 10 de las disidencias y el ELN ha multiplicado el sembrado de explosivos en zonas como El Ripial y La Capilla, en Apure. El resultado: una frontera que funciona como tablero de guerra ajeno, con víctimas civiles que rara vez aparecen en las estadísticas oficiales.
Las víctimas invisibles
Documentar el peligro de minas en Venezuela resulta complicado por la ausencia de cifras oficiales. El gobierno de Nicolás Maduro ratificó en 1999 la Convención de Ottawa sobre prohibición de minas antipersonal y declaró al país libre de estos artefactos en 2013, tras destruir los stocks heredados de instalaciones militares en la Península de la Guajira. Esa declaración, sin embargo, no contempla las minas sembradas posteriormente por actores no estatales.
Organizaciones como Provea y la Fundación Redes han recopilado testimonios de campesinos heridos en explosiones cerca de cultivos, ríos y caminos vecinales. La mayoría de víctimas son agricultores, pescadores e integrantes de pueblos indígenas que pisan los artefactos al desplazarse por rutas que históricamente han sido seguras.
El sembrado de minas en zonas fronterizas constituye una violación directa del derecho internacional humanitario y afecta de forma desproporcionada a comunidades rurales que carecen de protección estatal.
Comunidades indígenas en riesgo
Los pueblos wayúu, yukpa y pemón habitan territorios afectados por la presencia de explosivos. Su movilidad ancestral, vinculada a la caza, la pesca y el comercio binacional, se ha visto restringida. Cuando una explosión ocurre en estas zonas remotas, los heridos enfrentan traslados de varias horas hasta el centro asistencial más cercano, muchas veces ya en territorio colombiano.
El deterioro del sistema sanitario venezolano, agravado por la crisis económica y la migración del personal médico, complica aún más la atención a víctimas. La precariedad institucional que afecta a la educación y los servicios públicos también se refleja en la incapacidad para responder a emergencias humanitarias en zonas fronterizas.
Cifras y contexto regional
Según el Monitor de Minas Terrestres, organismo vinculado a la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas, Colombia figura entre los países con mayor número de víctimas por artefactos explosivos en el mundo. El registro venezolano es significativamente menor en cifras oficiales, pero los expertos coinciden en que existe un subregistro considerable.
| País | Estatus Convención Ottawa | Zonas afectadas reportadas |
|---|---|---|
| Colombia | Estado parte desde 2001 | Catatumbo, Arauca, Nariño, Cauca |
| Venezuela | Estado parte desde 1999 | Apure, Táchira, Zulia, Amazonas (no oficial) |
| Ecuador | Estado parte desde 1999 | Frontera norte (zonas históricas) |
El gobierno colombiano, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ha solicitado en varias ocasiones colaboración binacional para tareas de desminado humanitario. Caracas ha respondido con silencio o con desmentidos, lo que dificulta cualquier operación coordinada. La falta de reconocimiento del problema obstaculiza la llegada de cooperación internacional especializada.
El silencio oficial y sus consecuencias
La negativa del Ejecutivo venezolano a reconocer la existencia de campos minados en su territorio tiene un efecto directo: ninguna organización puede operar legalmente en tareas de detección y destrucción de artefactos. Mientras Colombia ha desarrollado una infraestructura de desminado humanitario con apoyo de la Unión Europea, la OEA y agencias bilaterales, Venezuela carece de equipos, protocolos públicos y registros accesibles.
Esta opacidad se inscribe en un patrón más amplio de restricción informativa que también ha afectado a la cobertura periodística sobre temas sensibles. Los reporteros que han intentado documentar las zonas minadas enfrentan obstáculos para acceder al territorio, restricciones militares y, en algunos casos, detenciones temporales.
Impacto en la diáspora y los retornados
Con cerca de 7,89 millones de venezolanos fuera del país, según cifras de la Plataforma R4V coordinada por ACNUR y OIM, los flujos migratorios atraviesan precisamente las trochas fronterizas donde se concentran los artefactos. Familias enteras cruzan a pie por caminos no oficiales para evitar controles, exponiéndose a un peligro que muchas veces desconocen.
El drama de las familias separadas por la migración se entrelaza así con un riesgo físico inmediato. Las organizaciones humanitarias que asisten a migrantes en pasos como Paraguachón o el río Táchira han documentado casos de personas heridas por explosivos durante el cruce.
Marco legal internacional
La Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal, conocida como Convención de Ottawa o Tratado de Ottawa, fue adoptada en 1997 y entró en vigor en 1999. Establece obligaciones claras para los Estados parte:
- No emplear, desarrollar, producir ni transferir minas antipersonal.
- Destruir los arsenales existentes en un plazo determinado.
- Limpiar las áreas minadas en su territorio en un plazo de diez años.
- Asistir a las víctimas y sus comunidades.
- Presentar informes anuales de transparencia.
Venezuela ha incumplido la obligación de presentar informes detallados desde hace varios años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha incluido referencias al tema en sus informes sobre el país, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha pedido reiteradamente acceso a las zonas afectadas.
Preguntas frecuentes
¿Quién instala las minas antipersonal en Venezuela?
Según organizaciones humanitarias y reportes militares colombianos, las minas son sembradas principalmente por disidencias de las antiguas FARC, el ELN y otros grupos armados irregulares que operan en la frontera. El gobierno venezolano niega oficialmente la existencia de estos campos minados en su territorio.
¿Cuáles son las zonas más afectadas por minas en Venezuela?
Los estados Apure, Táchira, Zulia y Amazonas concentran los reportes de presencia de artefactos explosivos. Los municipios fronterizos cercanos al río Arauca, al Catatumbo y a la Sierra de Perijá son los que registran mayor número de incidentes documentados por organizaciones civiles.
¿Qué hacer si encuentro un objeto sospechoso en zona fronteriza?
No tocarlo bajo ninguna circunstancia, alejarse por el mismo camino por el que se llegó y alertar a las autoridades militares o a organizaciones humanitarias presentes en la zona. La improvisación o el manejo de artefactos por personas sin entrenamiento es la principal causa de víctimas mortales en estos contextos.
El siguiente paso
El reconocimiento oficial del problema por parte de Caracas abriría la puerta a un programa binacional de desminado humanitario, con apoyo técnico de organismos internacionales especializados. Mientras esa decisión política no llegue, las comunidades fronterizas seguirán expuestas a un riesgo que crece con cada disputa territorial entre grupos armados. Su magnitud real solo podrá medirse cuando exista voluntad para investigarla. Para ampliar el contexto sobre la situación venezolana puede consultarse el blog de análisis internacional de Piqture.
Este articulo tiene caracter informativo y periodistico. Los datos presentados se basan en fuentes publicas verificables.
