Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela perpetradas por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) constituyen uno de los capítulos más graves de violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano. Desde su creación en 2017, este cuerpo policial ha sido señalado por organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas como responsable de miles de muertes en operativos policiales letales ejecutados principalmente en barrios populares de Caracas y otras ciudades venezolanas.
Qué son las FAES y cómo operan
Las Fuerzas de Acciones Especiales fueron creadas en julio de 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro Moros como una unidad de élite dentro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Su mandato oficial era combatir el crimen organizado, el narcotráfico y las bandas armadas que operan en territorio venezolano.
Desde sus primeros meses de funcionamiento, los reportes sobre uso desproporcionado de la fuerza letal se multiplicaron. El patrón de actuación documentado por organizaciones como Provea y el Foro Penal sigue una secuencia reconocible.
Los operativos se realizan de madrugada en zonas populares. Los agentes, encapuchados y con armamento de guerra, irrumpen en viviendas sin orden judicial.
Las víctimas —en su mayoría hombres jóvenes de sectores empobrecidos— aparecen muertas con múltiples disparos. Las escenas son alteradas para simular enfrentamientos, una práctica conocida como "falsos positivos".
Características de los operativos documentados
- Incursiones nocturnas sin orden judicial en barrios populares
- Agentes encapuchados con vestimenta negra y armamento largo
- Destrucción de bienes dentro de las viviendas allanadas
- Alteración de la escena del crimen: se colocan armas y drogas junto a los cuerpos
- Intimidación y amenazas a familiares que intentan denunciar
- Registros oficiales que clasifican las muertes como "resistencia a la autoridad"
Esta clasificación —"muertes por resistencia a la autoridad"— se convirtió en el eufemismo burocrático que encubre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Las cifras oficiales del Ministerio Público venezolano dejaron de publicarse con regularidad, pero las organizaciones de la sociedad civil mantuvieron sus propios registros.
Los informes internacionales: pruebas acumuladas
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), encabezada entonces por Michelle Bachelet, publicó en julio de 2019 un informe que documentó aproximadamente 6.800 muertes por "resistencia a la autoridad" entre enero de 2018 y mayo de 2019. El informe señaló directamente a las FAES como responsables de una proporción significativa de estos casos y pidió la disolución inmediata del cuerpo.
El gobierno de Maduro rechazó las cifras y acusó al informe de estar politizado. Caracas argumentó que los operativos respondían a la lucha contra el hampa y que las muertes eran producto de enfrentamientos legítimos.
Las investigaciones sobre el terreno contradecían esta versión. Las autopsias independientes mostraban patrones de disparos a corta distancia, múltiples impactos en zonas vitales y ausencia de heridas defensivas.
Según el informe de la ACNUDH de 2019, las FAES fueron responsables de un patrón de operativos letales que resultó en miles de muertes clasificadas oficialmente como "resistencia a la autoridad", con indicios consistentes de ejecuciones extrajudiciales planificadas.
En septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentó su primer informe. Las conclusiones fueron contundentes: existían motivos razonables para creer que se habían cometido ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de lesa humanidad con conocimiento del gobierno. La Misión renovó su mandato en años sucesivos y continuó documentando estos patrones.
Cronología de informes y acciones internacionales clave
| Fecha | Organismo | Acción |
|---|---|---|
| Julio 2019 | ACNUDH (Bachelet) | Informe que documenta aproximadamente 6.800 muertes por "resistencia a la autoridad" (ene 2018 - may 2019) |
| Septiembre 2020 | Misión de Determinación de los Hechos (ONU) | Primer informe: motivos razonables para creer en ejecuciones extrajudiciales como crímenes de lesa humanidad |
| Noviembre 2021 | Corte Penal Internacional (CPI) | El fiscal Karim Khan anuncia investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela |
| 2022-2023 | Misión de Determinación de los Hechos | Informes sucesivos amplían documentación sobre cadena de mando y responsabilidades |
| 2024-2025 | Organizaciones venezolanas (Provea, Foro Penal, COFAVIC) | Continúan registrando casos pese a restricciones para operar dentro de Venezuela |
La Corte Penal Internacional (CPI) abrió en noviembre de 2021 una investigación formal sobre la situación en Venezuela, centrada en presuntos crímenes de lesa humanidad que incluyen las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES y otros cuerpos de seguridad. El gobierno venezolano ha intentado frenar la investigación alegando que sus tribunales ya procesan estos casos, aunque los avances judiciales internos han sido mínimos.
Las víctimas: un perfil que se repite
Los operativos policiales letales en Venezuela no afectan a todos por igual. El perfil predominante de las víctimas es consistente: hombres jóvenes, de entre 18 y 30 años, residentes en barrios populares, con empleos informales o desempleados. Las comunidades más afectadas se encuentran en la Gran Caracas —Petare, la Cota 905, el 23 de Enero—, así como en estados como Aragua, Miranda, Carabobo y Zulia.
Las madres de las víctimas se han organizado en colectivos para exigir justicia. Organizaciones como el Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC) llevan décadas acompañando estos casos.
Sus testimonios revelan un segundo nivel de violencia: tras la muerte de sus familiares, las familias enfrentan amenazas, hostigamiento y obstáculos sistemáticos para acceder a expedientes judiciales.
La impunidad es la norma. Provea ha señalado que la proporción de casos investigados y llevados a juicio respecto al total de muertes documentadas es ínfima. La falta de independencia del poder judicial venezolano agrava esta situación, ya que los tribunales rara vez actúan contra funcionarios del Estado señalados en estos crímenes.
El contexto político: seguridad como control social
Las ejecuciones extrajudiciales de las FAES en Venezuela no pueden entenderse fuera del contexto político del país. Durante las protestas de 2017, el gobierno enfrentó meses de manifestaciones masivas. La respuesta fue una combinación de represión directa —con más de 150 muertos según Foro Penal— y la creación de cuerpos como las FAES, orientados a proyectar una imagen de mano dura contra la inseguridad.
Analistas como el politólogo venezolano Luis Salamanca y organizaciones como el International Crisis Group han señalado que estos operativos cumplen una doble función. Por un lado, combatir la criminalidad real que azota los barrios. Por otro, ejercer control social sobre poblaciones que históricamente fueron base chavista pero que han mostrado descontento creciente ante la crisis económica.
La crisis humanitaria venezolana —con una diáspora que supera los 7 millones de personas según estimaciones de ACNUR a marzo de 2026— tiene raíces múltiples. El colapso de PDVSA, la hiperinflación que pulverizó el poder adquisitivo, las nacionalizaciones que desmantelaron el aparato productivo y las sanciones internacionales configuraron un escenario donde la violencia institucional se suma a la precariedad generalizada.
Tras las disputadas elecciones presidenciales de julio de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro pese a que la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia denunciaron fraude respaldados por actas electorales, la represión se intensificó. Organizaciones como Foro Penal documentaron centenares de detenciones arbitrarias en las semanas posteriores al proceso electoral. Las FAES y otros cuerpos participaron en operativos contra manifestantes y presuntos opositores en barrios populares.
Operaciones de las Liberaciones del Pueblo (OLP): el antecedente directo
Antes de las FAES, Venezuela ya registraba un patrón de operativos policiales letales a través de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), lanzadas en 2015. Estas mega-operaciones militarizadas ingresaban a barrios enteros con tanquetas y helicópteros.
Las OLP fueron suspendidas oficialmente, pero sus métodos y su lógica operativa migraron a las FAES. El cambio fue de nombre y estructura, no de doctrina.
El mapa político venezolano muestra cómo tanto gobierno como oposición han instrumentalizado el discurso de seguridad. Pero la diferencia cualitativa radica en que las ejecuciones extrajudiciales implican una política de Estado documentada por múltiples organismos independientes, no meramente una falla operativa aislada.
¿Disolución real o cambio de fachada?
En distintos momentos, el gobierno venezolano ha anunciado reformas dentro de las FAES o su reestructuración. En 2019, tras el informe de Bachelet, hubo declaraciones oficiales sobre la revisión de protocolos. Las organizaciones de derechos humanos venezolanas, sin embargo, han señalado que las muertes en operativos policiales continuaron, en algunos períodos ejecutadas por otros cuerpos como el CICPC, la DGCIM o policías estadales.
El patrón persiste con independencia del nombre de la unidad responsable. Provea documenta en sus informes anuales que las cifras de personas fallecidas en operativos de seguridad se mantienen elevadas.
La etiqueta cambia —FAES, CICPC, policías regionales—, pero el modus operandi descrito por testigos y familiares permanece constante: incursiones violentas, víctimas sin antecedentes penales significativos, escenas alteradas y expedientes judiciales que no avanzan.
Para la CPI, esta continuidad refuerza la hipótesis de una política sistemática y no de excesos individuales. La investigación del fiscal Khan busca determinar si existe responsabilidad penal a nivel de cadena de mando, lo que podría implicar a altos funcionarios del gobierno y las fuerzas de seguridad venezolanas.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las FAES en Venezuela?
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) son una unidad de la Policía Nacional Bolivariana creada en 2017. Aunque su mandato oficial es combatir el crimen organizado, han sido señaladas por la ONU, la CPI y múltiples ONG como responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales en barrios populares venezolanos.
¿Cuántas personas han muerto en operativos policiales en Venezuela?
La ACNUDH documentó aproximadamente 6.800 muertes clasificadas como "resistencia a la autoridad" solo entre enero de 2018 y mayo de 2019. Las cifras acumuladas desde 2015, incluyendo las OLP y las FAES, son significativamente mayores según estimaciones de organizaciones como Provea y COFAVIC, aunque la falta de transparencia oficial dificulta un conteo preciso.
¿La Corte Penal Internacional investiga las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela?
Sí. La CPI abrió una investigación formal en noviembre de 2021 sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que incluye las ejecuciones extrajudiciales. El gobierno venezolano ha intentado frenar el proceso alegando que sus propios tribunales llevan casos, pero los avances judiciales internos han sido mínimos según observadores independientes.
El siguiente paso
A marzo de 2026, la investigación de la CPI sobre Venezuela sigue abierta. Su avance determinará si la comunidad internacional puede establecer responsabilidades penales individuales por los operativos policiales letales que han cobrado miles de vidas.
Dentro del país, las organizaciones de derechos humanos como Provea, Foro Penal y COFAVIC continúan documentando casos en condiciones cada vez más restrictivas, con limitaciones legales para operar y hostigamiento a sus miembros. La presión internacional y la persistencia de los registros documentales son, por ahora, los únicos contrapesos frente a la impunidad.
Este artículo tiene carácter informativo y periodístico. Los datos presentados se basan en fuentes públicas verificables.
