La investigación de la CPI a Venezuela entró en marzo de 2026 en su fase más avanzada desde que la Fiscalía abrió formalmente el expediente sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el aparato de seguridad del Estado venezolano. La causa, conocida como Venezuela I, examina detenciones arbitrarias, torturas y persecución política atribuidas a cuerpos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) durante el madurismo. Tras años de pulso jurídico entre La Haya y Caracas, el procedimiento avanza pese a los intentos del gobierno de Nicolás Maduro Moros de paralizarlo mediante el principio de complementariedad.
El expediente nació tras la remisión de un grupo de Estados latinoamericanos en septiembre de 2018, primer caso en la historia del tribunal en que países americanos pedían investigar a otro de la misma región. Desde entonces, la Fiscalía ha recorrido un camino procesal accidentado, marcado por memorandos de entendimiento, recursos de apelación y una visita histórica del fiscal Karim Khan a Caracas.
Cómo llegó Venezuela al banquillo de La Haya
El recorrido empezó en febrero de 2018, cuando la entonces fiscal Fatou Bensouda abrió un examen preliminar tras los informes sobre la represión de las protestas de 2017, que dejaron más de un centenar de muertos según el Foro Penal y la Fiscalía venezolana. Pocos meses después, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú activaron el artículo 14 del Estatuto de Roma para remitir la situación al tribunal.
El paso decisivo llegó en noviembre de 2021, cuando Khan firmó en Caracas un memorando con Maduro y anunció la apertura formal de la investigación. Era la primera vez que la Corte Penal Internacional abría una causa contra un país latinoamericano. El gobierno venezolano respondió pidiendo aplazar el procedimiento al amparo del artículo 18, alegando que sus tribunales internos ya investigaban los hechos.
La Sala de Cuestiones Preliminares I rechazó esa petición en junio de 2023 y la Sala de Apelaciones confirmó la decisión el 1 de marzo de 2024, dejando vía libre para que la Fiscalía reanudara las pesquisas sobre el terreno. Desde entonces, el equipo de Khan ha consolidado una oficina de enlace en Caracas, un movimiento inédito que combina presencia física con investigación a distancia.
Qué investiga exactamente la Fiscalía
El núcleo de la investigación por crímenes de lesa humanidad se centra en patrones de conducta documentados desde 2017 hasta los hechos más recientes registrados en 2026. La Fiscalía no examina hechos aislados, sino la posible existencia de una política sistemática contra opositores reales o percibidos. Los presuntos delitos bajo escrutinio incluyen:
- Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional.
- Tortura, incluyendo descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual durante interrogatorios.
- Persecución por motivos políticos contra militantes opositores, periodistas, sindicalistas y militares disidentes.
- Otros actos inhumanos que causen sufrimientos graves o atenten contra la integridad física o mental.
Los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019, han alimentado buena parte del expediente. Sus tres informes principales identifican cadenas de mando que llegan hasta autoridades civiles y militares de alto nivel. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) mantiene además una presencia técnica en el país desde el acuerdo firmado con Caracas en 2019, aunque su misión ha sido suspendida y reactivada en varias ocasiones.
Cronología del caso Venezuela I
| Fecha | Hito procesal |
|---|---|
| Febrero 2018 | Apertura del examen preliminar por Fatou Bensouda. |
| Septiembre 2018 | Seis Estados latinoamericanos remiten la situación a la CPI. |
| Noviembre 2021 | Karim Khan abre la investigación formal y firma memorando con Maduro. |
| Abril 2022 | Venezuela solicita el aplazamiento bajo el artículo 18. |
| Junio 2023 | La Sala de Cuestiones Preliminares autoriza reanudar la investigación. |
| Marzo 2024 | La Sala de Apelaciones ratifica la decisión. |
| 2024-2026 | Trabajo de campo, ampliación de la oficina de enlace en Caracas y diligencias con víctimas. |
La estrategia jurídica del chavismo
El gobierno venezolano ha desplegado una defensa procesal sostenida sobre el principio de complementariedad, columna vertebral del Estatuto de Roma. La tesis oficial es que los tribunales nacionales ya investigan a presuntos responsables y que la intervención de La Haya resulta innecesaria. El Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General, encabezada por Tarek William Saab, han reportado decenas de imputaciones a funcionarios de seguridad de rangos medios y bajos.
La Fiscalía de la CPI, sin embargo, ha sostenido que esos procesos no abordan las cadenas de mando ni los patrones sistemáticos que constituyen el corazón del expediente. La diferencia entre castigar a un agente individual y juzgar una política de Estado es, técnicamente, lo que separa un caso ordinario de un crimen de lesa humanidad.
La investigación de la CPI sobre Venezuela no juzga al chavismo como ideología ni a un gobierno por sus decisiones políticas. Examina si existen patrones documentados de violencia organizada contra civiles que encajen en la definición jurídica de crímenes de lesa humanidad.
El contexto político: elecciones de 2024 y crisis abierta
La causa avanza en paralelo a una situación política tensa. Las elecciones presidenciales de julio de 2024 enfrentaron a Maduro con Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por la Plataforma Unitaria tras la inhabilitación de María Corina Machado. El Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Maduro sin publicar las actas desagregadas, mientras la oposición difundió copias de mesa que, según sus propios cálculos, daban una ventaja amplia a González Urrutia.
El desconocimiento internacional del resultado oficial vino acompañado de una nueva ola represiva. Organizaciones como Provea y el Foro Penal documentaron miles de detenciones en los días posteriores a la votación, incluyendo adolescentes procesados por tribunales con competencia en delitos de terrorismo. Esos hechos han pasado a engrosar el expediente que estudia la Fiscalía. Para situar el momento político, conviene revisar los acuerdos de Barbados y las negociaciones internacionales sobre Venezuela, marco que pretendía garantizar comicios competitivos y cuyo cumplimiento ha sido cuestionado por buena parte de la comunidad internacional.
El papel de la diáspora
Los más de 7 millones de venezolanos fuera del país, según estimaciones de ACNUR y la OIM a través de la plataforma R4V, han desempeñado un rol activo aportando testimonios al proceso. ONG con sede en Madrid, Bogotá, Lima y Buenos Aires han recolectado relatos de víctimas que no pueden declarar dentro del país por temor a represalias. La situación de los migrantes venezolanos en los países de acogida condiciona también la capacidad práctica de la Fiscalía para acceder a fuentes humanas confiables.
Sanciones, petróleo y diplomacia paralela
La causa de La Haya no transcurre en el vacío. Las sanciones de Estados Unidos sobre PDVSA, modificadas en sucesivas licencias del Departamento del Tesoro, condicionan la posición de Caracas en cualquier negociación. La OFAC ha alternado licencias generales y específicas que permiten operaciones puntuales a Chevron, Repsol y Eni, mientras mantiene restricciones estructurales al sector petrolero. Para entender la dimensión histórica de esta presión, sirve revisar el embargo petrolero a Venezuela y sus consecuencias globales.
El gobierno venezolano ha buscado contrapesos en la OPEP, en sus alianzas con Rusia, China e Irán, y en una diplomacia con países del Sur global que no reconocen la jurisdicción de la CPI o que mantienen una postura crítica con el tribunal. Esa diplomacia paralela busca presentar la causa como una intromisión geopolítica más que como un proceso jurídico.
Qué puede ocurrir a partir de ahora
La investigación contra Maduro y altos funcionarios puede desembocar en distintos escenarios procesales. La Fiscalía podría solicitar órdenes de arresto contra personas concretas, como ya ha hecho en otras situaciones (Sudán, Libia, Costa de Marfil, Filipinas). También puede optar por una fase prolongada de recopilación de pruebas antes de formular imputaciones. La cooperación efectiva del Estado venezolano resulta improbable en el corto plazo, lo que limita la capacidad de ejecutar eventuales detenciones.
Las opciones realistas se resumen en estos caminos:
- Solicitud de órdenes de arresto contra mandos intermedios identificados con prueba sólida.
- Ampliación de la investigación a hechos posteriores a las elecciones de 2024.
- Apertura de un segundo expediente, distinto del actual Venezuela I, si la Fiscalía considera que existen nuevos patrones.
- Suspensión parcial si Caracas demuestra avances genuinos en procesos internos contra altos responsables, algo que hasta marzo de 2026 no ha ocurrido.
Para los lectores interesados en cómo la opinión internacional ha encuadrado estos episodios, el equipo editorial de Piqture Group ha cubierto la deriva venezolana de forma continuada, integrando perspectivas jurídicas, económicas y migratorias.
Preguntas frecuentes
¿Puede la CPI detener a Nicolás Maduro?
El tribunal no tiene policía propia. Una eventual orden de arresto solo se ejecutaría si Maduro viaja a un Estado parte del Estatuto de Roma dispuesto a cumplirla. Mientras permanezca en Venezuela o se mueva por países no cooperantes, una detención efectiva resulta poco probable.
¿Qué diferencia hay entre crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos?
Las violaciones de derechos humanos pueden cometerse de forma aislada. Los crímenes de lesa humanidad requieren un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de esa política. Esa nota de sistematicidad es la que la Fiscalía debe acreditar en La Haya.
¿Por qué Venezuela sigue bajo la jurisdicción de la CPI si critica al tribunal?
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en el año 2000. Aunque un Estado puede retirarse, la denuncia tarda un año en surtir efecto y no afecta a investigaciones ya abiertas. La causa Venezuela I seguiría su curso incluso si Caracas iniciara hoy el procedimiento de retirada.
Este articulo tiene caracter informativo y periodistico. Los datos presentados se basan en fuentes publicas verificables.
El siguiente paso
La próxima señal relevante llegará cuando la Fiscalía decida si presenta solicitudes de orden de arresto o si prolonga la fase de investigación. Cualquier movimiento en ese sentido obligará a gobiernos, empresas con intereses petroleros y socios diplomáticos de Caracas a recalibrar su exposición jurídica y reputacional, y marcará el verdadero alcance que tendrá la Corte Penal Internacional sobre el caso venezolano en los próximos años.
